En estos últimos días las autoridades gubernamentales de la provincia de Buenos Aires han determinado que para poder ingresar a lugares públicos cerrados -restaurantes, bares, cines, teatros, clubes y shoppings, entre otros- será obligatoria la presentación del certificado sanitario -en papel o la constancia en las aplicaciones habilitadas- que demuestre que quienes ingresan a esos espacios recibieron la primera dosis de la vacunación antocovid19.

Los dueños o encargados de cada establecimiento deberán pedirle a quienes ingresen la aplicación o papel que acredite que están inmunizados, de tal modo que actuarían como una especie de vigilantes sanitarios.

Tanto el jefe de gabinete provincial, Carlos Bianco, como el ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, aclararon que no se trata de obligar a vacunarse, sino a permitir que los vacunados puedan ingresar a los lugares habilitados, impidiendo el ingreso a quienes no están vacunados.

De hecho, las autoridades provinciales han decretado una discriminación contra gran parte de la población que en muchos casos no está convencida de aplicarse la vacunación anticovid19, a causa del desconocimiento y de la falta de toda información respecto a la composición y efectos de las mal llamadas “vacunas”, cuando en realidad son sólo elementos que actúan como terapias génicas experimentales. Y como estas terapias génicas están en período de experimentación, la vacunación NO ES OBLIGATORIA.

Llamativamente, idénticas medidas discriminatorias decretó en Francia, durante la ocupación alemana nazi, un oficial Mayor de la S.S. y Jefe de Policía en el Área del Comandante Militar, publicadas como “MEDIDAS DE APLICACIÓN de la 9ª. Ordenanza de las autoridades de ocupación sobre los Judíos”. La mencionada Ordenanza había sido dictada el 8 de julio de 1942[1].

Dichas medidas prohibía a los judíos “frecuentar todos los establecimientos públicos y asistir a las manifestaciones públicas” que se detallan a continuación: restaurantes y lugares de alimentación, cafés, salones de té y bares, teatros, cines, conciertos, salas musicales y otros lugares de placer, cabinas telefónicas públicas, piscinas, museos, bibliotecas, exposiciones públicas, lugares históricos, manifestaciones deportivas -tanto como participantes como espectadores-, campings, parques”, etc.

Distintos momentos históricos y distintas circunstancias, pero idéntica metodología discriminatoria, en ambos casos infundamentada, porque como han reconocido en varias ocasiones las mismas autoridades sanitarias, los vacunados pueden contagiar y contagiarse mutuamente, porque las “vacunas” no inmunizan[2]. Es el mismo esquema: discriminación sin respaldo legal alguno, porque las acciones que se pretenden “combatir” no son de ninguna manera delictivas, porque no hay norma legal que las condene.

Otro ejemplo más de la armonía y concordancia conceptual y práctica entre posturas ideológicas y políticas que aparentan ser antagónicas. En el caso del nazismo en Francia, no era delito ser judío, pero se discriminaba y limitaba a toda persona de esa raza. En el caso de la provincia de Buenos Aires, no es delito no vacunarse, pero igual se discrimina y limita a las personas que tienen suficientes motivos para no vacunarse, principalmente porque no hay ninguna ley que obligue.

                                               Una vez más, estamos en presencia de concepciones políticas absolutamente antagónicas en lo ideológico, pero idénticas en sus procedimientos discriminatorios. De tal modo que se termina generando una especie de Nazismo-Progresista o de Progresismo Nazi, en perjuicio absoluto del pueblo argentino, en el corto y en el largo plazo.

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[1] El documento citado se encuentra en los archivos del Centro de Documentación del Museo “Memorial de la Shoah”, identificado como CCXXXVIII-98.

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